Lima, dic. 15 (ANDINA).
El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Alberto Beingolea, dijo
que la aprobación de la ley que aumenta sanciones por la difusión de
información obtenida ilícitamente, contribuirá a garantizar el secreto de las
comunicaciones, y descartó que se trate de una medida coercitiva de la libertad
de expresión.
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ANDINA/Norman
Córdova
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Recordó, por ejemplo,
la existencia de algunas empresas dedicadas especialmente a realizar labores de
espionaje telefónico industrial con la finalidad de comercializar el material
obtenido a otras empresas rivales.
“Es un drama, el
chuponeo continúa y en estos últimos quince años ha quedado demostrado que no
hay manera de pararlo”, manifestó en declaraciones a la prensa.
Por ello, opinó que la
única forma de frenar esta ilícita actividad es sancionar a quienes difundan
información relacionada con aspectos privados.
Por el contrario,
subrayó que el dictamen establece con claridad que si la información obtenida
revela algún tipo de figura delictiva, su difusión no será sancionada.
“Actualmente lo que
esta penalizado es la interferencia de las comunicaciones telefónicas, pero no
su difusión, lo cual es un absurdo (…) Si no penalizamos la difusión esto
continuará”, indicó.
Beingolea destacó,
además, que la norma recibió el respaldo mayoritario de los legisladores, lo
cual revela el consenso existente en este tema.
El proyecto de ley
aprobado hoy en el pleno del Congreso, que modifica el artículo 162 del Código
Penal, fija en no menor de dos años ni en mayor de cuatro la pena privativa de
libertad por difundir el material señalado.
En caso el autor sea
funcionario público, la pena será no menor de tres ni mayor de cinco años e
inhabilitación de la función pública. (FIN) CCR
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