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sábado, 3 de diciembre de 2016

Exposición en CADE 2016 "Crecimiento económico y bienestar" por Alfredo Thorne

El ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, realizó este viernes una exposición en CADE 2016 llamada "Crecimiento económico y bienestar". Y, para cerrar este discurso, utilizó un video de fútbol. 
Thorne mostró al público presente un gol recordado por muchos: el de Juan Carlos Oblitas a la Francia de Platini en el estadio Parque de los Príncipes. Aquel partido se jugó un 28 de abril de 1982.
"Ustedes diganme una cosa. ¿Podemos hacer esto solos? ¿El MEF lo puede hacer solo? ¿PPK lo puede hacer solo? No. Igual que el equipo de fútbol, a no ser que trabajemos en equipo, esto [crecimiento económico] no es posible", dijo el ministro luego de enseñar el video. 


martes, 25 de octubre de 2016

La suspensión del proceso revocatorio en Venezuela termina de perfilar la naturaleza dictatorial del régimen de Maduro.


Editorial: Diagnóstico completo

La suspensión del proceso revocatorio en Venezuela termina de perfilar la naturaleza dictatorial del régimen de Maduro.

Foto: Reuters
El jueves 20 de octubre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela –que dos días antes había postergado sin explicaciones las elecciones de gobernadores hasta el 2017– decidió suspender “hasta nueva orden judicial” el cumplimiento del último requisito pendiente para activar el plebiscito revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro: la recolección de una cantidad de firmas equivalente al 20% del padrón electoral en todos los estados del país.

Según el CNE, la suspensión de la actividad –programada para los días 26, 27 y 28 de octubre– se dictó en acatamiento a las advertencias de cinco tribunales penales que consideraron que el proceso era ilegítimo porque en su primera etapa –la recolección de firmas equivalentes al 1% del padrón electoral– se habrían filtrado rúbricas falsas.

Con esta decisión el oficialismo consigue lo que tanto buscaba: que el referendo se aplace hasta después del 10 de enero del 2017 para que, de perderlo Maduro, no haya necesidad de convocar a nuevos comicios y lo releve su vicepresidente, Aristóbulo Istúriz. Al mismo tiempo, por supuesto, se confirma lo que la oposición siempre temió: que el proceso era una farsa frente a la cual debían estar permanentemente alertas. 

En ese sentido, nadie puede llamarse a excesiva sorpresa por lo ocurrido, pues el gobierno hacía tiempo que anunciaba sus intenciones. “Ya podemos decir a estas alturas que el revocatorio está completamente muerto; muerto en la calle y herido de muerte”, vaticinó el chavista Jorge Rodríguez a inicios de agosto. Y si bien ahora el proceso no ha sido definitivamente cancelado, es evidente que ha entrado en un estado de coma de muy mal pronóstico.
En realidad,  además, el reciente dictamen del CNE es solo el remate de una seguidilla de obstáculos que el gobierno –con una complacencia escandalosa del Poder Judicial y el órgano electoral– fue poniendo sobre la marcha a la oposición para ralentizar lo que, por principio constitucional, los venezolanos tenían derecho a reclamar.

El ejemplo más claro de ello es que las presuntas firmas falsas que han servido de pretexto para la suspensión eran parte de un requisito que no existe en la Constitución ni en ninguna ley venezolana, y que fue creado por antojo del CNE para dilatar el inicio del proceso. A ello hay que agregar que tales autoridades se tomaron 48 días para entregar las planillas oficiales y tres meses más para validarlas (cuando por ley debían hacerlo en cinco días hábiles).

Así también, hay que recordar que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) modificó las reglas de juego al interpretar de manera antojadiza el artículo 72 de la Carta Magna venezolana y decretar que la recolección de firmas ya no solo debía alcanzar el 20% del electorado nacional, como estaba estipulado inicialmente, sino que ese porcentaje debía alcanzarse en cada uno de los 24 estados del país. 

Y atendiendo únicamente a la resolución de la semana pasada, no queda nada claro por qué el CNE optó por semejante decisión. Primero, porque los procesos electorales nacionales están blindados constitucionalmente, y ningún juez penal de primera instancia puede detenerlos. Y segundo, porque si fuera cierto que algunas de los 1,8 millones de firmas presentadas por la Mesa de Unidad Democrática fueran falsas, esto no anularía los otros 1,3 millones que el mismo CNE validó en junio y que rebasan largamente el mínimo requerido de 200.000. 

Así las cosas,  la invocación al diálogo planteada por el presidente Maduro (“Quiero aprovechar para hacer un llamado a la tranquilidad, al diálogo, a la paz, a la justicia”, ha sentenciado sin que se le mueva un músculo de la cara) se revela como una provocación de descaro, en un país donde el Estado de derecho ha sido una vez más mancillado para evitar el derrumbe de un régimen que, a estas alturas, no puede seguir disimulando su entraña dictatorial.

Esperemos que esta vez hasta sus procuradores locales de excusas –aquellos que han venido sosteniendo en nuestro país que el gobierno de Maduro es democrático porque fue elegido– terminen de reconocer que el diagnóstico está completo.