Remarcó que la coyuntura electoral amerita mayor atención sobre los funcionarios que hagan uso de recursos públicos para subvencionar diversos actos de campaña.
“El Jurado Nacional de Elecciones debería tener una instancia en la que pudiera invitar a alguna institución de la sociedad civil para que funcione como una especie de tribunal que analice este tipo de denuncias y sancione, de tal manera que quien viola la ley tenga un castigo.”
Refirió que esa instancia de la sociedad civil puede ser la asociación civil Transparencia o la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, organizaciones que han trabajado propuestas con miras a garantizar el buen uso de recursos, sobre todo en época electoral.
Explicó que el uso de recursos públicos para fines electorales es un tema muy delicado, porque es muy “fácil” que se yuxtapongan los intereses privados con los públicos, el rol del alcalde como servidor público y como candidato para las próximas elecciones.
“Creo que debemos tener un órgano electoral más atento y con una instancia que mire en forma permanente cada uno de los casos y sanciones. Porque si se nos pasa uno por la rendija, se filtran más.”
Destacó que con un tribunal atento a cualquier queja o denuncia en que se vulnere el principio de neutralidad en las elecciones representará una señal de advertencia para quienes pretendan cometer irregularidades.
Además, sostuvo que ese tribunal especial puede plantear reformas en el marco normativo, para ejercer sanciones más efectivas.
“Hay que tratar de que las sentencias sean aplicables y que se ejecuten. Cuando hay procesos burocráticos muy engorrosos y se incumple la ley estaríamos viviendo el sueño de los justos”, agregó.
(FIN) SMA/FPQ GRM
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