Seguridad ciudadana demanda
respuesta colectiva.
Esta
semana todos aprendimos mucho sobre defensa propia pero poco sobre el papel del
Estado. Si, como parece, esa será la forma más frecuente de respuesta ante la
delincuencia creciente que hay en el país, pronto el Perú será como el Far
West.
El
primer caso ocurrió hace tres semanas cuando el empresario Luis Miguel Llanos,
de 37 años, tuvo que abatir, en defensa propia, a dos delincuentes que estaban
asaltando a su novia en una calle de Miraflores y que pusieron en serio riesgo
su vida.
El
otro sucedió el sábado de la semana pasada, cuando el universitario Gastón
Mansilla, de 20 años, abatió, en defensa propia, a otro delincuente que lo
amenazaba con cuchillos en un asalto en el Cercado de Lima.
Ambos
hechos prácticamente coincidieron en el tiempo pero fue el de Mansilla el que
produjo mayor notoriedad e indignación pues la jueza Ana María Puma León, quien
el derecho lo debe haber estudiado en algún camal, decidió enviarlo a la cárcel
en donde se encontró con amigos del delincuente que él había abatido.
Los
medios encontraron entonces, en la combinación de ambos eventos, una manera de
volver a hacer notar lo que todos sabemos. Primero, que la desprotección del
ciudadano frente a la delincuencia es un hecho cotidiano porque muchas partes
del país se han vuelto un sálvese quien pueda por el avance notable de la
delincuencia y por la débil capacidad de la Policía de contenerla.
Segundo,
que la justicia sigue afectada por una crisis profunda donde la jueza Puma León
solo es un rugido más de un problema muy grave.
Las
dificultades de la Policía y la justicia para cumplir su papel son solo dos
expresiones de un problema antiguo que abarca a muchas otras áreas, como la
educación o la justicia.
Los
casos de Llanos y Mansilla son solo dos expresiones más del proceso de decadencia
en el que, junto con el progreso económico que se registra desde hace tiempo en
el país, ocurre en los principales servicios públicos, los cuales son una
estafa o apenas un mal remedo de lo que debieran ser.
Debido
a ello, proliferan en el país respuestas salvajes ante problemas como el de la
seguridad que debieran resolverse con buenos servicios públicos: cada quien
armado para defenderse; policías que organizan matanzas que son alabadas por el
ciudadano; juicios populares que terminan en linchamientos; o matones
contratados para arreglar controversias.
Mientras
el Estado no haga lo que debe hacer, y este gobierno siga postergando –como los
anteriores– el establecimiento de una adecuada seguridad ciudadana, la lección
lamentable de esta semana es que el mejor modo de protegerse ante la
delincuencia es comprando una pistola y aprendiendo a usarla con destreza.
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