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Contralor de la República,
Fuad Khoury Zarzar.
Foto: ANDINA/Jack Ramón
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“De los mil 500 casos denunciados desde 2009 en el Poder Judicial, ya
hay fallos en 70 de los casos, y esas sentencias han sido favorables para el
Estado en términos de que han sido condenados (los corruptos), pero han
recibido sentencias sin pena privativa de libertad”, precisó.
Señaló que esta situación genera en la ciudadanía una sensación de
impunidad frente a los actos de corrupción.
Lamentó que la legislación, tanto civil como penal, se encuentre
organizada de tal manera que las sanciones aplicadas apenas llegan a los tres
años de pena suspendida, lo que exime de ir a prisión a quienes atentan contra
los recursos del Estado.
El contralor manifestó que los jueces están cumpliendo con el marco
legal vigente al no aplicar mayores sanciones, razón por la cual insistió en
que debe reformarse el Código Penal para que las penas suban a seis o nueve
años de pena privativa de la libertad.
Khoury sostuvo que la Contraloría respalda la imprescriptibilidad de
los delitos de corrupción para aquellos de “alta nocividad social” que atenten
contra los derechos humanos, contra las poblaciones, y contra los programas
sociales.
Recomendó una tipificación de cuáles son los delitos graves de
corrupción, y recién después de eso, disponer la imprescriptibilidad.
“Pero tan importante como eso es duplicar y triplicar las penas (…)
para eliminar la percepción de la ciudadanía de que hay impunidad y para que
reciban el castigo que se merecen por mal utilizar el dinero de todos los
peruanos”, anotó.
La corrupción es considerada por los peruanos como uno de los
principales problemas a enfrentar, de acuerdo a la última Encuesta Nacional
sobre Corrupción.
Según la Contraloría, solo entre el 2009 y julio de 2011, se detectó a
10,659 funcionarios involucrados en presuntas irregularidades, de los cuales la
mayor parte pertenecía a los gobiernos locales (38%), ministerios (20%) y
universidades públicas (16%). (FIN) JCP/GCO
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