El país de los ajustes de cuentas

Por César Campos R.

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A propósito de la esperada votación de la Comisión Permanente del Congreso mediante la cual se salvó al parlamentario oficialista y súbito renunciante a la segunda vicepresidencia de la República, Omar Chehade, de someterlo a las pesquisas judiciales por el caso Andahuasi (12 votos a favor y 13 en contra), circuló en las redes sociales unas declaraciones prestadas por el mismo implicado al programa Buenos Días Perú de Panamericana TV el 4 de octubre de 2011.

En ellas, Chehade explica y justifica la presentación de un proyecto de ley para eliminar la inmunidad parlamentaria, lo cual se obtendría modificando la Constitución. Señaló que había  casos de “blindaje” y “protección” registrados en anteriores parlamentos y que eso “no es decente ni ético”. Recordó además que la medida propuesta era una promesa de campaña.

“Esto no responde a un tema de opinión pública, de prensa, sino corresponde a un tema de decencia que está ocurriendo en el país: lamentablemente muchos congresistas históricamente han confundido inmunidad parlamentaria con impunidad parlamentaria”, dijo textualmente Chehade. 

Por supuesto que a la luz de esta bravuconada moral, el “blindaje” y “protección” otorgada a su persona por una relativa mayoría de la Comisión Permanente lo deja muy mal parado e incentiva la irritación popular en su contra. Más aún cuando en la conferencia de prensa que ofreció en la misma sede del Legislativo luego de conocerse la votación, manifestó muy campante: “se ha demostrado mi inocencia”. Eso no es lo que hizo el Congreso.

Equivocaciones

El caso Chehade ciertamente ha traído gran controversia y el jaloneo sobre si debió o no ser sometido al fuero judicial junto a una suspensión de sus funciones congresales e inhabilitación de las públicas por los próximos cinco años. Ha servido también para que se vuelva a ejecutar la peruanísima práctica del maniqueísmo donde un tema de implicancias jurídicas se convierte en blanco o negro. Bajo esta horca fue puesto, por ejemplo, el congresista de oposición Yehude Simon, concedente del voto salvador de Chehade.

Pero hay quienes sin menguar el respeto al informe de la subcomisión acusadora presidida por Marisol Pérez Tello, lo consideramos excesivo y equivocado. Y lo hacemos en base a la opinión de otro respetable y muy apreciado jurista, Javier Valle Riestra, quien el 7 de noviembre del año pasado nos brindó –a través de su habitual columna en EXPRESO– razones legales muy poderosas  para considerar erróneas las imputaciones a Chehade.

Además, todo indica que por llevar hasta el límite el ajuste de cuentas personales al parlamentario oficialista, no se ha considerado el camino inverso para dilucidar su posible patrocinio de la intervención policial a la azucarera Andahuasi: profundizar las investigaciones sobre los ciudadanos directamente sindicados como peticionarios del servicio, su hermano Miguel Chehade y su amigo Miguel León Barandiarán. Ahí está –según la versión del denunciante general PNP (r) Guillermo Arteta– el hilo de la madeja y no en la incierta convocatoria a una cena donde se hablaron diversos temas.

Devuelto el expediente al Ministerio Público, la prensa y los políticos debieran poner la lupa sobre esas dos personas cuyas comparecencias judiciales han pasado piola y nadie sabe cuándo, qué y cómo declararon. Por lo pronto, ambos se negaron a ir al Congreso aludiendo estar sometidos a las investigaciones del fuero común.

Masías y Pulgar Vidal

Hablando de ajustes de cuentas, la semana culminante nos mostró el inicio de las campañas de descrédito a la nueva titular de Devida, Carmen Masías, y al ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, personalidades incómodas a intereses muy concretos pero a las cuales algunos quieren presentar como defensores de otros pretendidamente nocivos para el país.

Masías es blanco de los seguidores de su antecesor en el cargo, el controvertido asesor de la ex parlamentaria Nancy Obregón y enemigo público de la erradicación de los cultivos ilegales de la hoja de coca, Ricardo Soberón. Éste mismo tuvo presentaciones públicas en la que pinta a Masías como apenas una operaria de la prevención del consumo de drogas y ligada a las políticas antidrogas de la “embajada” de los Estados Unidos (ya ni siquiera del Departamento de Estado norteamericano).  

Masías ha salido al frente de estas acusaciones pero se sabe que le lloverán más. Y es que detrás de las mismas están los rostros consabidos de los que alientan las aprensiones ideológicas y la recursiva banderita anti yanqui en un tema donde se requiere firmeza, cohesión y mucho pragmatismo. Hay bastante por corregir o mejorar (sobre todo en el estímulo al desarrollo alternativo y las políticas multinacionales de persecución de los cárteles), pero por ello no es necesario retroceder en ámbitos como la erradicación.

A Pulgar Vidal –quien reveló que el dichoso “informe” contradictorio al proyecto minero Conga divulgado durante la gestión de su antecesor, Ricardo Giesecke, no pasó del nivel de una “ayuda memoria” y por lo tanto carecía de base técnica seria– lo acusan ahora de haber recibido hace varios meses la oferta de una gerencia de la empresa minera Yanacocha, impulsadora de Conga.

Esto ya ingresa al terreno de lo paranoico. ¿Puede alegarse el ofrecimiento de una plaza laboral a un profesional acreditado –dicho sea de paso, fue rechazada por Pulgar Vidal– como un demérito o el factor de un nexo sospechoso con algún interés particular visto hoy por el ministerio a su cargo? ¿Todos los funcionarios a futuro deberán consignar en su Hoja de Vida los ofrecimientos laborales que recibieron y jamás aceptaron?

Lo que se quiere, a todas luces, es debilitar a Pulgar Vidal ante la opinión pública, envolverlo en la aureola de un ministro guiado por apetitos subalternos. Atentos, muy atentos a estas campañas que –a la larga– tienen la vista puesta en traerse abajo el peritaje internacional sobre Conga haciendo felices a Gregorio Santos y toda su camarilla antiminera.