El reino de lo absurdo
volvió a instaurarse la semana pasada en nuestro medio con una fuerza que hasta generó nostalgia por el sentido
común. Hechos de naturaleza contradictoria o grotesca, decisiones inauditas que
movilizaron por distintas razones a grupos ciudadanos en la búsqueda de una urgente
rectificación.
Se inició con los
resultados de la visita oficial del presidente Ollanta Humala a Venezuela, país
donde suscribió diversos acuerdos con su homólogo, Hugo Chávez. La necesidad
perentoria de este viaje no ha podido explicarse de manera convincente. En el
marco de la primacía que el gobierno de Humala otorga a las relaciones con los
países de América del Sur y a la necesidad de preservar nuestras relaciones con
la nación llanera por encima de las cargas ideológicas de Chávez, puede
aceptarse ese periplo. Sostuve la semana
pasada –y me reafirmo– que igual criterio podrían haber tenido Valentín
Paniagua, Alejandro Toledo y Alan García.
Tropiezos
financieros
Sin embargo, una
aproximación que se esperaba prudente se quebró primero con el gesto de Humala
de obsequiarle a Chávez un libro de “discursos” del dictador Juan Velasco
Alvarado, gobernante de facto peruano que –como bien lo recordó en EXPRESO el
periodista y ex congresista Arturo Salazar Larraín– atropelló el estado de
derecho, persiguió a los líderes de los partidos políticos democráticos y
conculcó la libertad de prensa. ¿Cómo pueden dos gobernantes ensalzar a
semejante autócrata? ¿Alguien admitiría que Sebastián Piñera –por ejemplo– obsequiara a un par latinoamericano un libro
con los discursos de Augusto Pinochet?
Luego vinieron análisis
más profundos sobre la naturaleza de los convenios suscritos entre las
estatales Petroperú y PDVSA, a los cuales la voz oficialista presenta como muy
convenientes para la empresa nacional y su ingreso a las grandes ligas por el
volumen de producción petrolera de la venezolana.
Pero no se tomó en
cuenta algo elemental resaltado por César Gutiérrez, un experto en el tema de
los hidrocarburos y ex titular de Petroperú: los tropiezos financieros que
sufrirá ésta por su alianza con una entidad manejada al antojo político de los
intereses de Chávez. La cartera de proyectos de Petroperú se vería afectada a
ojos de los bancos internacionales que observarán la necesidad de cobrar costos
financieros fijos y no porcentajes sobre los resultados de cada operación.
Chávez anunció a su vez
que Petroperú tendrá participación en la explotación de la faja petrolífera del
Orinoco a la que Humala alabó destacando “su potencial de desarrollo no sólo en
el subsuelo sino en la superficie”. Si ni siquiera empezamos a probar la nueva capacidad de nuestra empresa
en las actividades propias de su rubro –añadiendo ahora la de exploración– dentro
de nuestro país, ¿la haremos con la faja de norte venezolano? Como reza el
dicho popular, son cosas del Orinoco que tú no sabes ni yo tampoco.
Las
marchas
El otro grosero
acontecimiento de la semana fue la Resolución N° 002-2012-JNE emitida por tres
magistrados del ente jurisdiccional electoral que declaró nula otra del
Registro de Organizaciones Políticas (dependiente del mismo Jurado Nacional de
Elecciones) por la cual se había dispuesto la improcedencia de acreditar como
partido político al Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales
(Movadef), organización de fachada del grupo subversivo Sendero Luminoso.
La generosa concesión
de los tres miembros del pleno del JNE (José Luis Velarde Urdanivia, Greta
Minaya Calle y Modesto Olegario de Bracamonte Meza) al terrorismo ha sido
suficientemente desbaratada desde el punto de vista jurídico por entendidos de
la materia. Lo que importa desentrañar es qué móviles extrajurisdiccionales
tuvieron estas personas para soplar la pluma al ROP la responsabilidad de una
decisión integral respecto a “objeciones no subsanables” y no hacer viable sólo
la más importante de ellas: la sumisión al “Pensamiento Gonzalo”, enunciado
ideológico con el cual se asesinó a miles de peruanos.
La resolución del JNE
dio pie a que un grupo de ciudadanos se convocara inmediatamente a través de
las redes sociales y marchara por las calles de Lima, en protesta contra esa
irracionalidad. Se espera que el ROP ratifique su decisión primaria y no sea
avasallado por sentencias infames y perniciosas para la débil democracia de
nuestro país.
Y tan débil anda la
democracia que otro de los órganos fundamentales del Estado, el Poder Judicial,
volvió a sorprender a la ciudadanía a través de la decisión de una de sus
juezas, Asunción Puma León, quien ordenó la detención del joven universitario
Gastón Mansilla Yupanqui por abatir a un delincuente en acto de legítima
defensa.
Esta vez sin embargo el
titular del PJ, César San Martín, tuvo el buen tino de desmarcarse de tan
absurda determinación manifestando que ella era revisable. Aún así, los
compañeros de estudios de Mansilla y peruanos indignados con tal aberración (en
un país donde los propios ciudadanos están obligados a velar por su propia
seguridad ante la declinación de la fuerza pública) también salieron a las
calles para expresar su rechazo a la resolución de la jueza Puma León. ¿Cuántas
marchas más nos esperan sólo para que las autoridades actúen con un criterio
elemental de justicia?
Devida
En medio de tanto
contrasentido, se produjo un anuncio sensato: la designación de la psicóloga
social y ex ejecutiva de CEDRO Carmen Masías como nueva titular de Devida.
Masías inició sus
actividades reiterando que las tareas de erradicación de los cultivos ilegales
de la hoja de coca no deben paralizarse; por supuesto ofreciendo mejoras en su
ejecución. Ello le ha acarreado que también empiece una campaña contra su persona y el propósito de no
sumergirnos en experiencias de soterrado apoyo al narcotráfico. Hay muchos y
deleznables intereses en juego detrás de la misma. Estemos atentos.
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