Comentario Del Editor
Tiene también que reconfortarnos que un juez indudablemente probo haya devuelto la autoridad de la Contraloría de la República sobre los indicios penales que comprometen gravemente a la administración regional de Áncash, que hace poco se dio maña para detener un proceso de fiscalización mediante el fácil recurso de amparo
Por: Juan Paredes Castro
Hay decisiones anticorrup-ción que los poderes públicos podrían adoptar de un solo golpe, como si se tratara, metafóricamente hablando, de matar pulgas. Hay un tipo de corrupción tan obvia y escandalosa que no debería tardarse un minuto en ejercer contra ella sanciones ejemplares.Ya sabemos que al primer signo de demora y complacencia en los controles, la corrupción llega a tejer una red muy fuerte de autoprotección e impunidad, que pocas autoridades se atreven a desafiar.
De ahí que tiene que sorprendernos, positivamente, que el Gobierno no solo haya relevado a Guillermo León Suematsu de los cargos de presidente de Sedapal y de viceministro de Saneamiento, sino que lo haya denunciado ante el fuero judicial, bajo la acusación de haber consentido una sospechosa sociedad comercial de una hermana suya con el alcalde del distrito de San Bartolo, Jorge Barthelmess.
Es más: en un hecho igualmente inesperado, habría ganado consenso en el Congreso la iniciativa de reforma del reglamento interno para que de ahora en adelante el Consejo Directivo tenga la facultad de fiscalizar las decisiones del presidente, en este caso de Luis Alva Castro, y de quienes lo acompañan en las tareas de conducción legislativa y administrativa.
¿Por qué esto no se había establecido antes? Vemos, pues, cómo un simple movimiento de pinzas puede dotar al Gobierno y al Congreso de mayor transparencia y, por consiguiente, de mayor confianza, frente a lo que estamos acostumbrados: a la desgracia de tener que aceptar la impunidad como la única respuesta.
Tiene también que reconfortarnos que un juez indudablemente probo haya devuelto la autoridad de la Contraloría de la República sobre los indicios penales que comprometen gravemente a la administración regional de Áncash, que hace poco se dio maña para detener un proceso de fiscalización mediante el fácil recurso de amparo que otro juez, de naturaleza distinta, lo convirtiera en una bomba de tiempo.
Por último, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional ha detectado gruesas irregularidades en 34% de las ONG investigadas. Sería realmente decepcionante que aquellos casos de información falsa y uso ilícito de recursos no terminasen, como debiera ser, en la vía judicial.
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