Caldo de choros

Principal

La realidad vergonzosa del sistema judicial peruano.

larepublica.pe Vie, 19/02/2010

Por Augusto Álvarez Rodrich

alvarezrodrich@larepublica.com.pe 

Me ratifico en lo sostenido ayer en esta columna: todas las señales de podredumbre que siguen emergiendo de las principales entidades que conforman la administración judicial en el Perú constituyen, en conjunto, una buena noticia pues, al menos, ayudarán a incrementar la indignación ciudadana por el hecho de contar con una justicia que es una verdadera vergüenza. 

Anteayer no más, se conoció que el juez Raúl Rosales dio un volatín triple para retroceder en su decisión –que ya era extraña– de incorporar a Javier Ríos Castillo –el ‘ampayado’ en la sala privada del restaurante Fiesta con el factótum aprista Agustín Mantilla– como miembro del Tribunal Constitucional. 

La sorpresa sería mayor cuando, ayer, la revista Caretas publicó la fotografía del mismo juez Rosales apuntándole con una pistola al reportero gráfico Carlos Saavedra, mostrándolo como, sin duda, un magistrado de armas tomar. 

El mismo día, el diario El Comercio denunció que un miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, el licenciado en enfermería Javier Anaya, quiso coimear a Tomás Gálvez para favorecerlo en el concurso para nuevos fiscales supremos. 

Historias como las de ayer del pistolero y el cutrero, o la de anteayer de la jalada a Avelino Guillén, son pan de cada día en el sistema judicial peruano que indignan pero que no debieran sorprender a nadie, menos a una opinión pública cuya desconfianza en la justicia es de tres de cada cuatro ciudadanos. 

En la justicia peruana hay mujeres y hombres íntegros, honestos, capaces y valiosos. Tengo la suerte de conocer a algunos de ellos, y sé de su esfuerzo en condiciones que no suelen ser favorables. Pero sé, también, de su profunda indignación por tener que compartir el oficio con mucha gente deleznable que Al Capone no los habría contratado por temor a que lo estafen y que se venden por menos de un plato de lentejas o, como se vio no hace mucho, una bolsa de chifles y unos pocos dólares. 

Es grave la constatación para ellos, y para el país en su conjunto, incluyendo a los empresarios honestos que deben ver –con pavor– que la justicia en el Perú se parece a una subasta al mejor postor,  que las personas que debieran sancionar los delitos y combatir la corrupción actúan como si su guía espiritual fuera don Corleone o Vladimiro Montesinos. Hay, sin duda, gente honesta en la justicia peruana, pero su problema –y vergüenza– es que deben aprender a nadar contra la corriente y a sortear las olas de un inmenso caldo de choros. 

El problema de fondo es que los que debieran ser los principales impulsadores de una verdadera reforma judicial –como muchos políticos– no lo hacen porque el sistema actual les conviene, y porque siempre andan buscando cómo raspar el concolón de la olla.