Gobierno de EEUU demanda a Ley Arizona de inmigración por inconstitucional

“En nuestro sistema constitucional, el gobierno federal tiene autoridad preeminente para regular los asuntos migratorios. Esta autoridad deriva de la propia Constitución de Estados Unidos y numerosas decisiones aprobadas por el Congreso”  

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  Polémica Ley Arizona ha generado la inmediata protesta principalmente de la comunidad latina en Estados Unidos. Foto: ANDINA/Internet.

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  Washington, jul. 06 (ANDINA). El Departamento de Justicia de Estados Unidos aprobó hoy una demanda en los tribunales contra la polémica Ley SB 1070 de inmigración, que fue aprobada el mes pasado por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer; y que entrará en vigor en tres semanas.
  
  
  El departamento que dirige el fiscal general, Eric Holder, ha recurrido a la ley asegurando que “interfiere” en prerrogativas federales ya que la política migratoria, asegura, es un asunto que compete en último extremo al gobierno federal.
  El grueso central de la argumentación que hacen los abogados del Estado es que las leyes federales están por encima de las estatales, un principio recogido en la Constitución, según divulga el portal de Diario Crítico de Nueva York.
  “En nuestro sistema constitucional, el gobierno federal tiene autoridad preeminente para regular los asuntos migratorios. Esta autoridad deriva de la propia Constitución de Estados Unidos y numerosas decisiones aprobadas por el Congreso”, refiere el documento de la demanda.
  Agrega el Departamento de Justicia en el recurso presentado hoy que las leyes de inmigración de la nación reflejan un cuidado balance entre las normas nacionales, las relaciones con países extranjeros y los asuntos de interés humanitario.
  La también denominada Ley Arizona permite a los agentes de Policía comprobar el estatus migratorio de cualquier ciudadano si tiene una "sospecha razonable" de que la persona es un inmigrante indocumentado.
  Según las organizaciones de defensa de los inmigrantes se da pie a que cualquiera pueda ser detenido por el color de su piel o por su acento.
  La normativa provocó una oleada de críticas de los gobiernos latinoamericanos, con el presidente mexicano, Felipe Calderón, a la cabeza.
  A las críticas también se sumó desde un primer momento el mandatario estadounidense, Barack Obama, quien coincidiendo con la visita de Calderón a la Casa Blanca hace unas semanas encargó al Departamento de Justicia que abriera una investigación al respecto.
  Los resultados de esa investigación, que ya están encima de la mesa del despacho oval, han sido concluyentes para que el fiscal Holder decidiera presentar la demanda.
  
  
  
  (FIN) Internet/LIT GRM