Anarquía a punto de explotar

COMENTARIO DEL EDITOR

Se trata de garantizar una mínima protección de los sistemas de gestión contable y de caja, antes que la criminalidad siguiente, sin chance de pataleo, consista en el despilfarro de los presupuestos y la desaparición de algunos importantes depósitos bancarios.

elcomercio.pe Jueves 22 de Julio del 2010

Por: Juan Paredes Castro

Así como hay gobiernos regionales con escasos recursos pero estables y exitosos, hay otros, como el de Áncash, rico en canon y regalías, sumido ahora, más que nunca, en la anarquía.

Su presidente titular, César Álvarez, goza de licencia para postular a la reelección. Quien lo había reemplazado en el cargo fue recientemente asesinado. Y acaba de ser herido uno de los llamados a cubrir contingentemente un cargo que parece arrastrar una maldición. No solo por la administración anómala de la región sino por los hechos de sangre que hoy envuelven una vacancia que nadie, ni el Jurado Nacional de Elecciones, sabe cómo va a resolverse.

Estamos ante una anarquía gubernamental regional a punto de explotar, con un Ministerio Público y un Poder Judicial abocados, como pueden, a las investigaciones de las acciones criminales cometidas; con un gobierno central, unitario y todo, según la Constitución, pero atado de pies y manos para intervenir en el aparente mundo federalista en el que han caído las regiones; y un Congreso que ingresa a su último año sin demasiada disposición como para poner orden en la administración de Áncash, como debería ser, ante el grave vacío de autoridad que se presenta.

No hay nada escrito capaz de construir una clara fórmula jurídica y ejecutiva para superar tan peligrosa acefalía. Solo quedan el sentido común y la voluntad política del JNE, del Gobierno Central y del Congreso, en la posibilidad de intentar por lo menos una salida aceptable y perdurable, hasta que las elecciones de octubre, en su primera y segunda vueltas, que seguramente van a ser de candela, determinen un nuevo cuadro político por analizar.

Hasta entonces, no es admisible dejar al garete una administración regional que maneja decenas de millones de soles y en la que siquiera temporalmente debiera intervenir la Contraloría de la República. Se trata de garantizar una mínima protección de los sistemas de gestión contable y de caja, antes que la criminalidad siguiente, sin chance de pataleo, consista en el despilfarro de los presupuestos y la desaparición de algunos importantes depósitos bancarios.

El JNE, el Gobierno Central y el Congreso están advertidos.