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jueves, 29 de abril de 2010

Buscan evitar ‘faenones’ como el de la región Áncash

El presidente regional de Áncash, César Álvarez, se comprometió ayer a entregar sus descargos en torno a las denuncias en su contra por la sobrevaloración de ambulancias y el convenio con la OEI, pero no cumplió.
peru21.pe Jueves, 29 abril de 2010
El contralor Khoury dejó en manos del Congreso la aprobación del nuevo marco legal de control. (USI)
El contralor presentó un proyecto de ley que propone tener bajo control licitaciones realizadas por organismos como la OEI, OIM y UNOPS. 
El contralor Khoury dejó en manos del Congreso la aprobación del nuevo marco legal de control. (USI)
La Contraloría General de la República tomó cartas en el asunto ante los casos de evasión a la fiscalización gubernamental que se producen en los procesos de contratación de bienes, servicios y obras que se realizan al amparo de los convenios suscritos entre entidades públicas y organismos internacionales. A través de un proyecto de ley, que ha sido presentado al Congreso, el órgano de control plantea un marco legal para intervenir en estas situaciones.

El proyecto garantiza el acceso irrestricto del Sistema Nacional de Control a toda la documentación e información relacionada con los recursos administrados en virtud de estos convenios cualquiera sea la oportunidad en que se formule el requerimiento a las partes que los suscriben, sin afectar el acceso a la información de carácter público.

Asimismo, se establece que se debe informar periódicamente al Ministerio de Economía y al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) sobre la ejecución de los recursos administrados, sin perjuicio de las precisiones que soliciten estas entidades.

También se señala que los organismos internacionales que suscriban este tipo de convenios deben estar acreditados de acuerdo con las normas legales sobre la materia. Los convenios requerirán un informe previo de las oficinas de Administración, de Presupuesto y de Asesoría Jurídica de las entidades estatales.

En la exposición de motivos que acompaña el proyecto, la Contraloría sostiene que no puede intervenir en convenios suscritos por ministerios, municipios y gobiernos regionales con entidades como la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Oficina de Servicios para Proyectos de Naciones Unidas (UNOPS) porque estas argumentan inmunidad diplomática.

Indica que “existe una carencia de información y control” sobre los recursos públicos transferidos por las instituciones públicas que suscriben estos convenios.

También afirma que en estos convenios de administración de recursos “se incorporan cláusulas de donación que pretenden sustraer de toda norma nacional la ejecución de los recursos transferidos”.
El proyecto se encuentra en el Congreso y solo queda esperar la voluntad política de las bancadas para debatirlo. Esta propuesta podría colocarles un candado a muchos de los ‘faenones’ que estarían en ejecución.

VIAJE A BRASIL. Mientras tanto, el escándalo del convenio entre el Gobierno Regional de Áncash y la OEI ha motivado que se reactive una denuncia contra un funcionario de esa región que ofreció a los consejeros un viaje a Brasil para que respaldaran la entrega de obras de este organismo internacional. La prensa ancashina ha informado sobre la denuncia de los consejeros Mayer Miranda, Alejo Mejía y José Luis Cachi al subgerente de Infraestructura, Dirsse Valverde, sobre quien ya pesa una denuncia por delitos de corrupción de funcionarios, concusión y colusión, entre otros.

El presidente regional de Áncash, César Álvarez, se comprometió ayer a entregar sus descargos en torno a las denuncias en su contra por la sobrevaloración de ambulancias y el convenio con la OEI, pero no cumplió.

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