Las medidas, dadas a conocer por el titular del Poder Judicial, Javier Villa Stein, quien también preside este grupo de trabajo, son propuestas que constituyen “un avance y un despliegue de voluntad política y moral en esta materia”.
“Son medidas concretas y no declaraciones líricas”, afirmó.
Entre las medidas, disponen la creación de la Sala Penal Nacional Especial Anticorrupción con competencia ampliada a todo el territorio del país, para el tratamiento de casos de corrupción sistemática o macro corrupción.
Del mismo modo, el fortalecimiento de la Sala Penal Nacional para el juzgamiento y sanción de conductas asociadas al accionar del crimen organizado de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
Asimismo, la creación de una Comisión Especial encargada de la implementación de la Sala Penal Especial, conformada por magistrados supremos y superiores, entre los que están Darío Palacios Dextre y Ricardo Brousset Salas.
A través de la Resolución Administrativa 179 – 2010 – CE PJ (Consejo Ejecutivo del Poder Judicial), establece una Relatoría adicional al interior de la Sala Penal Nacional contra el Crimen Organizado para optimizar su funcionamiento.
De igual modo, Villa Stein informó que su despacho presentará a la Sala Plena de la Corte Suprema un proyecto que será enviado al Congreso, con la intención de viabilizar la implementación del nuevo Código Procesal Penal, circunscribiendo su aplicación a las Salas Penales Nacionales (Anticorrupción y contra el Crimen Organizado).
Indicó que dispuso que todas las instancias del PJ ejecuten las medidas necesarias que garanticen el acceso de los medios de comunicación al juicio oral del caso Business Track (BTR) para su difusión permanente a la ciudadanía y sobre la base de experiencias anteriores.
Villa Stein refirió que implementarán un sistema informatizado de seguimiento exhaustivo de las movilizaciones de jueces a nivel nacional, permitiendo detectar cualquier irregularidad en los cambios o designaciones.
Agregó que también efectuarán un estudio de factibilidad del uso del software especializado donado por el PND a la Unidad de Ética del Poder Judicial, que ayude al control preventivo de actos de corrupción.
El titular de la Corte Suprema entregó al ministro de Justicia, Víctor García Toma, una propuesta de convenio de cooperación con la Superintendencia Nacional de Registros Públicos con el objeto de promover que los jueces, en coordinación con los registradores, puedan tomar acción directa sobre bienes muebles e inmuebles, imposibilitando o habilitando el movimiento registral por parte de los titulares de la partida.
Finalmente, anunció la creación de la categoría Buenas Prácticas e Innovación en materia de lucha contra la corrupción en el marco del Premio a la Excelencia Judicial, a fin de fortalecer el control preventivo en la lucha contra eventuales actos de corrupción al interior del PJ.
Las medidas dictadas por el Poder Judicial fueron respaldadas en forma unánime por la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, según una nota de prensa del Poder Judicial.
(FIN) NDP/JCC/RES
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