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martes, 18 de mayo de 2010

Más vale tarde que nunca

OPINIÓN
Asimismo, también es muy positivo que la ley contenga sanciones para los que presentan denuncias malintencionadas o sin sustento. Recordemos que a comienzos de la década, en el frenesí anticorrupción, se subieron al coche personajes que se hicieron pasar como la madre Teresa de la probidad, resultando ser unos prontuariados. Igual de repudiable fue la cacería de brujas ideológica que se siguió, pese a que en los noventas se sentaron las bases para el milagro peruano del cual los últimos dos gobiernos se han vanagloriado.
peru21.pe Dom. 16 may '10
Autor: Fritz Du Bois
La iniciativa de facilitar la colaboración eficaz, brindando protección a los denunciantes, puede convertirse en un arma tan eficaz para combatir la corrupción como lo fue para combatir al terrorismo. En la actualidad, es frecuente que el denunciante de algún funcionario del Estado sea el que termine procesado.

Por otro lado, es evidente el espesor de las potenciales capas de protección que existen para los gobernantes: Policía, Ministerio Público, Poder Judicial. Basta ver el número de funcionarios de Cofopri apresados, frente a los pocos compañeros en la misma situación, pese a que estos últimos eran los que estaban a cargo. Así que esperemos que en esta ocasión sí se haya dado en el clavo para atravesar esas capas, y que el mecanismo creado sea bien utilizado.

Asimismo, también es muy positivo que la ley contenga sanciones para los que presentan denuncias malintencionadas o sin sustento. Recordemos que a comienzos de la década, en el frenesí anticorrupción, se subieron al coche personajes que se hicieron pasar como la madre Teresa de la probidad, resultando ser unos prontuariados. Igual de repudiable fue la cacería de brujas ideológica que se siguió, pese a que en los noventas se sentaron las bases para el milagro peruano del cual los últimos dos gobiernos se han vanagloriado.

En todo caso, la legislación recientemente aprobada es adecuada, ya que para la gran mayoría de peruanos la corrupción estatal en general se ha convertido en el principal problema del país y, por lo tanto, se tiene que atacar por todos los flancos.

Es realmente inconcebible que en el siglo XXI no sea posible contar con información presupuestal al instante. Hace 17 años, se creó el Sistema Integrado de Administración Financiera, que se suponía iba a permitir a cualquiera conocer en tiempo real, en el acto, el gasto de cualquier entidad del Estado, pero la transparencia siempre ha sufrido de un boicot burocrático. Al punto que descubrimos, con sorpresa, que el principal proyecto de inversión de la más grande municipalidad del país habría resultado costando el triple de lo proyectado, y lo sobregirado todavía es un estimado, porque nadie parece conocer la manera cómo se administra ese presupuesto.

Peor aun, no solo no se avanza en transparencia sino que se retrocede, con municipalidades, gobiernos regionales, y Essalud inventando nuevos trucos para no ser auditados. El esquema de firmar convenios con extrañas organizaciones internacionales como OIM o OEI, que no dan un centavo de financiamiento ni aportan un gramo de conocimiento, pero que cobran jugosas comisiones por prestar su nombre para sacarle la vuelta al sistema, evadiendo los controles, es un escándalo.

El introducir transparencia total en el manejo del Estado es fundamental para combatir la corrupción, y también para mejorar la calidad del gasto. Capaz algún día se puedan reducir los altos impuestos que todos pagamos, solo para que parte de esos recursos terminen en los bolsillos de malos funcionarios.

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