Autor: Fritz Du Bois
Así tenemos que le han
dejado ganar terreno a la coalición antiminera, que está tan organizada que
hasta tiene un manual de cómo atacar y obstaculizar. Incluso, ponen como éxito
a Tambogrande, donde corrieron a la empresa formal, pero hoy ese valle está
sufriendo por la contaminación y la delincuencia que siempre deja como estela
la minería informal, sin aportar impuestos u otro beneficio a la comunidad. Es
evidente que, en la coalición, lo que persiguen es impedir la inversión
–incluso, su objetivo fundamental es un Perú estancado sin crecimiento–, no el
buscar bienestar para la población.
Por ello, es una
excelente noticia que el Gobierno presente propuestas como el fondo de
contingencia o el pedido de facultades para legislar y ordenar la minería
informal. Sin embargo, creo que deberían ir un paso más allá y considerar la
distribución directa de una porción del canon a los habitantes de la localidad.
Al final de cuentas,
los pobladores en zonas con fuerte presencia minera no reciben un beneficio
adecuado de esa actividad por la incapacidad de las burocracias regionales y
locales en ejecutar proyectos de inversión o cualquier gasto presupuestal. Más
aún, estamos hablando de algunos de los distritos más pobres del país que, sin
embargo, tienen miles de millones del canon depositados en el Banco de la
Nación totalmente desaprovechados. ¿Qué culpa tienen de la ineficiencia del
Estado? Por ello, el que reciban una transferencia financiera parece válido.
En todo caso, lo que
importa es que el problema sea enfrentado. Es perfectamente factible lograr una
minería que contribuya sin contaminación y el asegurar que el poblador cercano
sea el más beneficiado.
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