Editorial: Diagnóstico completo
La suspensión del proceso revocatorio en Venezuela termina de perfilar la naturaleza dictatorial del régimen de Maduro.
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| Foto: Reuters
El jueves 20 de
octubre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela –que dos días antes
había postergado sin explicaciones las elecciones de gobernadores hasta el
2017– decidió suspender “hasta nueva orden judicial” el cumplimiento del último
requisito pendiente para activar el plebiscito revocatorio contra el presidente
Nicolás Maduro: la recolección de una cantidad de firmas equivalente al 20% del
padrón electoral en todos los estados del país.
Según el CNE, la
suspensión de la actividad –programada para los días 26, 27 y 28 de octubre– se
dictó en acatamiento a las advertencias de cinco tribunales penales que
consideraron que el proceso era ilegítimo porque en su primera etapa –la
recolección de firmas equivalentes al 1% del padrón electoral– se habrían
filtrado rúbricas falsas.
Con esta decisión el
oficialismo consigue lo que tanto buscaba: que el referendo se aplace hasta
después del 10 de enero del 2017 para que, de perderlo Maduro, no haya
necesidad de convocar a nuevos comicios y lo releve su vicepresidente,
Aristóbulo Istúriz. Al mismo tiempo, por supuesto, se confirma lo que la
oposición siempre temió: que el proceso era una farsa frente a la cual debían
estar permanentemente alertas.
En ese sentido, nadie
puede llamarse a excesiva sorpresa por lo ocurrido, pues el gobierno hacía
tiempo que anunciaba sus intenciones. “Ya podemos decir a estas alturas que el
revocatorio está completamente muerto; muerto en la calle y herido de muerte”,
vaticinó el chavista Jorge Rodríguez a inicios de agosto. Y si bien ahora el
proceso no ha sido definitivamente cancelado, es evidente que ha entrado en un
estado de coma de muy mal pronóstico.
En realidad,
además, el reciente dictamen del CNE es solo el remate de una seguidilla
de obstáculos que el gobierno –con una complacencia escandalosa del Poder
Judicial y el órgano electoral– fue poniendo sobre la marcha a la oposición
para ralentizar lo que, por principio constitucional, los venezolanos tenían
derecho a reclamar.
El ejemplo más claro
de ello es que las presuntas firmas falsas que han servido de pretexto para la
suspensión eran parte de un requisito que no existe en la Constitución ni en
ninguna ley venezolana, y que fue creado por antojo del CNE para dilatar el inicio
del proceso. A ello hay que agregar que tales autoridades se tomaron 48 días
para entregar las planillas oficiales y tres meses más para validarlas (cuando
por ley debían hacerlo en cinco días hábiles).
Así también, hay que
recordar que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) modificó las reglas de juego
al interpretar de manera antojadiza el artículo 72 de la Carta Magna venezolana
y decretar que la recolección de firmas ya no solo debía alcanzar el 20% del
electorado nacional, como estaba estipulado inicialmente, sino que ese
porcentaje debía alcanzarse en cada uno de los 24 estados del país.
Y atendiendo
únicamente a la resolución de la semana pasada, no queda nada claro por qué el
CNE optó por semejante decisión. Primero, porque los procesos electorales
nacionales están blindados constitucionalmente, y ningún juez penal de primera
instancia puede detenerlos. Y segundo, porque si fuera cierto que algunas de
los 1,8 millones de firmas presentadas por la Mesa de Unidad Democrática fueran
falsas, esto no anularía los otros 1,3 millones que el mismo CNE validó en
junio y que rebasan largamente el mínimo requerido de 200.000.
Así las cosas,
la invocación al diálogo planteada por el presidente Maduro (“Quiero
aprovechar para hacer un llamado a la tranquilidad, al diálogo, a la paz, a la
justicia”, ha sentenciado sin que se le mueva un músculo de la cara) se revela
como una provocación de descaro, en un país donde el Estado de derecho ha sido
una vez más mancillado para evitar el derrumbe de un régimen que, a estas
alturas, no puede seguir disimulando su entraña dictatorial.
Esperemos que esta vez
hasta sus procuradores locales de excusas –aquellos que han venido sosteniendo
en nuestro país que el gobierno de Maduro es democrático porque fue elegido–
terminen de reconocer que el diagnóstico está completo.
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